Hacinamiento, enfermedad y tortura: 150 detenidos murieron en Venezuela en 2019

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Casi 150 presos murieron en 204 calabozos policiales y militares ubicados en 16 estados venezolanos durante los primeros seis meses de 2019, informó la organización local “Una Ventana a la libertad”. “Los calabozos policiales se han convertidos en las grandes cárceles del país donde la situación es crítica”, advirtió Carlos Nieto, abogado especialista en Derechos Humanos y coordinador general de la ONG.

La organización destacó que estos centros que fueron monitoreados tienen capacidad para “unas 3.734 personas, pero hay 19.028 detenidos, lo que representa un hacinamiento del 509.58%”. Dice, además, que aunque en el estudio no se incluyó al estado Portuguesa sí se le hizo seguimiento al trágico motín del 23 de mayo en la Policía Municipal de Páez que dejó un saldo de 55 muertos -entre ellos 30 presos y 25 reclusos- y 19 funcionarios heridos.

“Este fue el evento más grave que se registró en el primer semestre de 2019 en los calabozos policiales y, además, nos advierte que situaciones similares se pueden registrar en cualquier centro de detención preventiva, pues ninguno cuenta con condiciones óptimas, ni personal calificado, para mantener a personas por más de 48 horas”, alertó Nieto tras señalar que hay personas que llevan “7, 5 o 4 años detenidos” en estos centros de un país donde donde de acuerdo a la Constitución las personas “nada más deben permanecer 48 horas detenidas”.

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Magally Huggins, criminóloga y psicóloga, explicó que “Venezuela es un país en alerta por múltiples razones”, y explicó que el primer semestre estuvo marcado por las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro después de que, el pasado 5 de enero, Juan Guaidó, asumió la directiva de la opositora Asamblea Nacional lo que “permitió al pueblo expresar su inconformidad por todo lo que estamos viviendo y sufriendo”. “Eso tuvo una respuesta inmediata del gobierno, que fue la violencia y la represión, y el hacinamiento en los Centros de Detención Preventiva (CDP) se magnificó porque los detenidos en las protestas públicas estaban siendo llevados de inmediato a los CDP en todo el país”, dijo.

Huggins alertó que la convivencia “de personas sanas con enfermas es una causa de contaminación permanente que está detrás de las 20 muertes por enfermedades”, la mayoría prevenibles y curables en estos centros. Igualmente, dijo que la primera causa de muerte en los calabozos “es desconocida”, mientras que “la segunda se debe a las fugas”. “En lo que va de año se registraron 22 intentos de fuga en cuatro estados y 14 fugas en seis estados”, acotó. La tercera causa de muerte en es producto de “golpizas, motines y enfrentamientos” mientras la cuarta, “enfermedades, y la quinta a los abusos policiales”.

“Quienes mueren en los calabozos policiales son gotas del genocidio venezolano”, opinó Huggins, quien considera que la muerte de 149 detenidos entre enero y junio “es el colofón de esta sistemática violación de los Derechos Humanos” que dijo quedó reflejada en el informe que Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas, presentó sobre la crisis venezolana. El informe de la organización también reveló que en 46% de los centros de detención preventiva, los custodios cobran por el ingreso de alimentos, bebidas y medicinas para los detenidos, pese a la ausencia de una dieta diaria y atención médica oportuna, de parte de las autoridades respectivas, y que en 21% de los centros, cobran por permitir las visitas.

Bachelet desató la furia chavista con su lapidario informe sobre DD.HH.

“Graves violaciones” a los DDHH

En las últimas semanas, Naciones Unidas instó al régimen venezolano a tomar “medidas inmediatas y concretas para detener y remediar las graves violaciones” a los derechos económicos, sociales y civiles tras el informe de la expresidenta chilena. En el documento, se especifica que Maduro utilizó programas sociales de manera discriminatoria, por motivos políticos, como herramienta para el control social, según el informe. A la par, las autoridades gubernamentales persiguen a los grupos e individuos que perciben como amenazas, entre ellos miembros de la oposición. Las fuerzas de seguridad a menudo recurren a la tortura o a los tratos inhumanos, como descargas eléctricas, asfixia, golpizas y violencia sexual para obtener confesiones.

El informe recomienda la disolución de la temida Fuerzas de Acciones Especiales de la policía nacional (FAES), a la que atribuye miles de ejecuciones extrajudiciales, principalmente de hombres jóvenes que han sido asesinados en enfrentamientos con las fuerzas estatales durante los últimos años. También solicita el desarme de los grupos conocidos como “colectivos” -bandas armadas leales a Maduro. “Todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas”, reclamó Bachelet.

La investigación de la ONU también señala una escasez entre 60% y 100% de los medicamentos esenciales en cuatro de las principales ciudades de Venezuela, entre ellas Caracas. La falta de todo tipo de anticonceptivo ha aumentado el riesgo de VIH y la mortalidad materna prevenible, con un estimado de 20% vinculadas a abortos inseguros. Además, indica que el chavismo privó a las víctimas de su “derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, señala el informe. “Preocupa que, de no mejorar la situación, siga aumentando el éxodo sin precedentes de personas migrantes y refugiadas venezolanas y que las condiciones de las personas que permanecen en el país empeoren”.

La mal llamada “democracia” venezolana y el hambre de un pueblo

D.S.





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